¿Qué es una conducta anticompetitiva? Procedimientos y posibles sanciones
Según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), una conducta anticompetitiva es una práctica o acuerdo comercial para limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general. En este sentido, la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC) prohíbe este tipo de prácticas.
La Dirección Nacional de Conductas Anticompetitivas (DNCA) tiene la facultad de abrir de oficio una investigación por una o varias prácticas anticompetitivas, o bien, pueden ser iniciadas a partir de una denuncia radicada por alguna persona humana o jurídica ante la CNDC. Lo más habitual es que estas se originen en función de una denuncia puntual. En función de lo resuelto por el área, la CNDC puede recomendar la aplicación de sanciones y ordenar el cese de la práctica cuestionada.
¿Cómo pone en marcha la CNDC una investigación por una presunta conducta anticompetitiva?
Normalmente la investigación de una conducta anticompetitiva se inicia a partir de una denuncia, que puede ser realizada por cualquier persona humana o jurídica, presentando un escrito ante la CNDC.
La denuncia debe contener:
1) El nombre y domicilio del denunciante ante la CNDC
2) El objeto de la denuncia
3) Una explicación clara de los hechos considerados
4) Una exposición breve del derecho en el que se funda la denuncia
5) Los medios de prueba que considere pertinentes para el análisis de la denuncia
Sanciones
En el caso de encontrarse evidencia suficiente de la realización de la conducta anticompetitiva, la CNDC podrá ordenar el cese de la conducta y recomendar la aplicación de sanciones, que podrán recaer sobre las personas humanas o jurídicas que realizaron dicha infracción. Estas sanciones pueden incluir la aplicación de multas, la inhabilitación para ejercer el comercio de uno a diez años o la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta cinco años, según la gravedad de la conducta anticompetitiva en cuestión.
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